“La desaparición del Fiscal, signó uno de los hechos de violencia más terribles de la politica nacional. Muchos ‘peces gordos’ fueron vinculados al asesinato, entre ellos la periodista Patricia Poleo y otros de los llamados ‘Carmonafirmantes’ siguen sin defenderse y fuera del país”
Por: Dolores del Infante
Unos 15 días antes fue planeada su muerte, en uno de los lugares más paradisiacos de República Dominicana, «La boda Real» donde se unían en matrimonio la hija del acaudalado banquero venezolano Víctor Vargas, con un hijo de la nobleza española, Luis Alfonso Borbón, se acordó de donde se sacaría el C4, pagado con anticipación a un extraño personaje del paramilitarismo colombiano, para asesinar al fiscal Danilo Baltasar Anderson la noche del 18 de noviembre del año 2004.
Mientras los marabinos se preparaban para el amanecer de feria, a las 9:45 pm, la camioneta del fiscal IV de Ambiente y con competencia nacional Danilo Anderson era esparcido dentro de su camioneta al estallar una carga de C4 en la zona de Los Chaguaramos en la ciudad capital de Caracas. El móvil, después de 10 años es muy difuso, hay involucrados al parecer muchos «Peces Gordos» y entre las demoras de la justicia y los dimes y diretes de procesos de investigación, hasta hoy solo hay 3 detenidos, que en su mutismo solo han convertido este caso en uno de los cangrejos más grandes de la historia policial venezolana.
Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara hermanos los dos primeros, y primos del segundo, fueron condenados a 27 y 29,6 años respectivamente, por la autoría material del crimen, cumplen su pena en la sede del Sebin, en El Helicoide, pero después de 10 años de pena han solicitado medidas sustitutivas de la privación de libertad. Por otra parte, y en extrañas circunstancias el mismo 2004, Antonio López Castillo fue abatido en una balacera la mañana del 23 de noviembre, en plena vía pública cerca de Plaza Venezuela. Lo investigaban por el caso y supuesta posesión del C4 con el que estallaron el vehículo. El antes mencionado era hijo de la ex senadora Haydeé Castillo de López.
Danilo Anderson investigaba casos de corrupción de profundidad y donde había involucrada mucha gente de las altas esferas económicas del país, los «Carmonafirmantes» y una serie de banqueros que fraguaron y participaron en el Golpe dado a Hugo Chávez en el año 2002. Entre ellos sonaba muy fuerte el nombre de Nelson Mezerhane uno de los accionistas de Globovisión, imputado ante la opinión pública como autor intelectual del crimen aunque por falta de pruebas, su caso fue archivado y este huyó del país. Años más tarde demandaría al Estado venezolano en Miami por las expropiaciones de las que fue objeto, y desde ese mismo lugar sigue siendo activista en contra del planteamiento del gobierno venezolano.
La muerte del fiscal Anderson conmocionó al país, primero por la forma de asesinarlo y luego por la manera como fue manejado el caso hasta mitigarlo de manera sospechosa. A pesar de tener un conflicto interno de más de 50 años en la hermana república de Colombia, Venezuela no adoptó nunca una cultura bélica o de violencia extrema, la muerte del fiscal, utilizando C4 y el mismo vehículo de la víctima, simbolizó un acto de rabia y venganza que generó en la conciencia colectiva un miedo generalizado y se creyó que era el primero de muchos que caerían de esa manera. Hoy, después de diez años, la opinión pública vive con el mismo temor, puesto que las muertes recientes de Eliecer Otaiza y Robert Serra, nos hacen creer que la violencia selectiva y programada tiene fuertes vinculaciones al paramilitarismo colombiano.
Las investigaciones sacaron a la luz pública nombres como el de Patricia Poleo, Periodista señalada por Giovanny Vásquez, testigo principal del caso sobre cómo se planeó la muerte de Anderson, desde «La Boda Real hasta la explosión en Los Chaguaramos», la acusó y dijo que era una de las principales autoras intelectuales de la muerte del fiscal, a ella se le sumaron los nombres de los banqueros del 11 de abril entre ellos Richard Tucker, dueño de los Iutirla y hasta la de un sacerdote que nunca pudo ser identificado.
Giovanny Vásquez, el colombo-venezolano que luego fue mejor conocido como «El testigo estrella» ya que su testimonio fue fundamental para que se imputara a los autores intelectuales y se condenara a los Guevara. A pesar de que aseguraba haber sido miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, nunca se comprobó la veracidad de esta versión, sin embargo éste aseguró que en la boda de la hija del banquero, ya se había pagado la primera parte para el asesinato del fiscal el 18 de noviembre del 2004.
Por otra parte, un reconocido abogado penalista zuliano, desvinculó por completo a Vázquez al representarlo como defensor por forjamiento de actas, éste tomó como argumento que las declaraciones de su defendido eran falsas y de esta manera el testigo ya no fue tan importante para el resto de la investigación. Giovanny Vásquez aparte de los 500 mil dólares que supuestamente recibió para actuar como testigo; cuando lo señalaron por el forjamiento de actas, salió ileso. La fiscalía lo imputó, pero no lo acusó de nada ya que de haberlo hecho el caso hubiera quedado anulado, inclusive la condena de los Guevara, por considerarlo testigo falso.
Otro de los nombres que resaltó en la primera parte de las investigaciones fue el de Sócrates Tiniacos, abogado y amigo personal de Danilo Anderson, se le acusó de haber entrado a la casa de Danilo la noche del suceso donde murió su amigo, y que al parecer éste sacó fuertes sumas de dinero en efectivo que el fiscal guardaba en una caja fuerte en el interior de su habitación. Tiniacos se encargaría de repartir el dinero que al parecer provenía de chantajes y silencios pagados al fiscal Anderson por parte de banqueros involucrados en sus investigaciones. A Tiniacos no se le investigó y supuestamente tiene un cargo muy alto en una secretaria del gobierno en el interior del país.
A pesar de haber sido velado en Capilla Ardiente y considerado mártir, y el recién desaparecido Hugo Chávez visitara una de las esquinas de su féretro y pidiera ante el país y sus familiares justicia, su tumba en algún lugar del cementerio del este de Caracas sigue sin tener las respuestas adecuadas del caso, muchos cabos sueltos, dudas que nadie ha sabido responderle ni al pueblo ni a los familiares y mientras, quizá los culpables paseen en sus convertibles en las riveras del Coral Gables, la verdad, según sus hermanas María y Lourdes Anderson de la justicia divina no se escapará nadie. Hoy, una década después de aquel encuentro macabro en la «Selva Darién» donde supuestamente se fraguo y se pagó la primera parte de la muerte del fiscal, los nombres de quienes allí estaban aún no han sido develados y tal vez, nunca se sepa en realidad cómo y de qué forma planearon el más vil de los asesinatos hechos a un funcionario público del país.
Asimismo otros dos asesinatos recientes de altos funcionarios del gobierno, parecen estar dirigidos a ampliar el espectro de violencia generado en Venezuela en los últimos años, sacudones sociales instigados por ‘Guarimbas’ y revueltas estudiantiles tienden a dar una lectura de planificación progresiva, los resultados han sido catastróficos para la paz, puesto que más de 40 muertos son el saldo de las protestas de sectores que se oponen al gobierno venezolano. Sin embargo nada justifica las muertes, estos eventos son abominables y rechazados por todos los sectores politicos activos en el país.
«Las pruebas están allí y puede servir para tratar de alimentar la investigación bien para estar conscientes de que puede avanzar o para cerrarla” aseguraba Isaias Rodriguez ex parlamentario y ex fiscal general de la república, refiriendose a lo intrincado del caso del fiscal asesinado, “hay cosas que jamás deben repetirse, este asesinato nos somete a la reflexión, no podemos seguir en este juego macabro, el ojo por ojo nos dejará ciegos a todos, buscamos los culpables, bien, y luego qué haremos” serían las palabras del también asesinado en extrañas circunstancias Eliecer Otaiza, cuadro alto del gobierno nacional y que junto a Serra suman tres las muertes a funcionarios del estado.
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